No cabe duda de que el comportamiento de los inquilinos supone un desaf\u00edo importante en muchas comunidades de propietarios. Los propietarios a menudo se encuentran lidiando con personas desconocidas, que suelen ser inquilinos, familiares o amigos de otros propietarios.<\/p>\n\n\n\n
Para mantener cierto control sobre qui\u00e9n accede a la comunidad y utiliza las instalaciones comunes, las comunidades intentan implementar diversas medidas. Sin embargo, no es raro que individuos sin ning\u00fan v\u00ednculo leg\u00edtimo con la comunidad consigan acceso ilegal y hagan uso de las instalaciones compartidas, como la piscina.<\/p>\n\n\n\n
Cada comunidad adopta sus propias estrategias para prevenir accesos no autorizados y supervisar la actividad de los alquileres dentro del complejo. Sin embargo, no existe una soluci\u00f3n perfecta a menos que la comunidad cuente con normas espec\u00edficas sobre este tema en sus estatutos y disponga de un recinto cerrado con personal de seguridad que controle cada acceso y supervise las actividades dentro de las instalaciones para garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias.<\/p>\n\n\n\n
Desafortunadamente, muy pocas comunidades disponen de los recursos necesarios para aplicar tales medidas. Como resultado, la responsabilidad recae en el presidente, el administrador y, en algunos casos, incluso en el conserje o el jardinero, quienes deben gestionar la situaci\u00f3n lo mejor posible.<\/p>\n\n\n\n
Muchos propietarios solicitan que el presidente o el administrador exijan a los arrendadores que proporcionen copias de los contratos de alquiler o documentaci\u00f3n que acredite que las personas que ocupan sus viviendas son familiares o amigos que no est\u00e1n pagando renta. Si bien el presidente o el administrador pueden solicitar estos documentos, es fundamental entender que los propietarios no tienen ninguna obligaci\u00f3n legal de proporcionar a la comunidad ni una copia de su contrato privado de arrendamiento ni una declaraci\u00f3n que certifique que sus invitados son familiares o amigos que no pagan alquiler.<\/p>\n\n\n\n
Desde el punto de vista legal, la \u00fanica acci\u00f3n que puede emprender la comunidad es intentar obtener informaci\u00f3n de la Junta de Andaluc\u00eda sobre las viviendas registradas como apartamentos tur\u00edsticos. Sin embargo, todav\u00eda no est\u00e1 claro c\u00f3mo la Junta podr\u00eda proporcionar esta informaci\u00f3n de manera eficiente. Adem\u00e1s, aunque se obtuviera esta informaci\u00f3n, la comunidad no podr\u00eda conocer qui\u00e9nes son los inquilinos en un momento determinado.<\/p>\n\n\n\n
Adicionalmente, si una propiedad no est\u00e1 registrada en la Junta de Andaluc\u00eda pero sigue siendo alquilada a corto plazo y el propietario no informa voluntariamente a la comunidad, no se puede hacer nada legalmente para obtener esta informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En muchos casos, los propietarios que exigen m\u00e1s control al presidente o al administrador terminan culp\u00e1ndolos por la falta de supervisi\u00f3n en la comunidad y el comportamiento de los inquilinos. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, no existe un mecanismo legal que obligue a los propietarios a revelar copias de sus contratos de alquiler.<\/p>\n\n\n\n
Lamentablemente, la nueva ley aprobada por el Gobierno sobre apartamentos tur\u00edsticos no resuelve los problemas reales que afectan a las comunidades de propietarios. Adem\u00e1s de su deficiente redacci\u00f3n y falta de claridad, la normativa solo aborda cuestiones menores relacionadas con ciertos inquilinos, sin abordar el problema en su totalidad.<\/p>\n\n\n\n
Como hemos explicado en art\u00edculos anteriores, esta nueva ley solo regula el uso de viviendas como apartamentos tur\u00edsticos de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 28\/2016 de la Junta de Andaluc\u00eda. Por lo tanto, estas normas solo afectan a los alquileres que se promocionan y publicitan a trav\u00e9s de los canales tur\u00edsticos tradicionales, como agencias de viajes o p\u00e1ginas web que permiten realizar reservas previas.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, los propietarios que captan inquilinos por otros medios no se ven afectados por esta regulaci\u00f3n, lo que significa que los problemas relacionados con los inquilinos en las comunidades siguen sin estar regulados. Adem\u00e1s, es importante recordar que, antes de la existencia de estas plataformas digitales de alquiler, las comunidades ya sufr\u00edan los mismos problemas con los inquilinos cada verano. Por lo tanto, la situaci\u00f3n no ha cambiado, y una vez m\u00e1s, el Gobierno ha perdido la oportunidad de solucionar estos problemas en las comunidades de propietarios.<\/p>\n\n\n\n
En este caso, no se puede culpar ni al presidente ni al administrador de la comunidad, ya que realmente la ley no permite tomar medidas efectivas para resolver el problema.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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