Muchos propietarios llegan a sus residencias en la costa y descubren que varios vecinos con deudas han alquilado sus propiedades. Frecuentemente acuden al administrador preguntando c\u00f3mo es posible y por qu\u00e9 el juzgado no ha embargado las rentas que estos deudores est\u00e1n percibiendo.<\/p>\n\n\n\n
El administrador debe explicar que conseguir una orden judicial para embargar dichas rentas no es un proceso sencillo. El juez debe emitir una resoluci\u00f3n para que el inquilino pague el alquiler al juzgado en lugar de al propietario deudor. No obstante, obtener dicha resoluci\u00f3n conlleva varios tr\u00e1mites:<\/p>\n\n\n\n
Dado el estado actual del sistema judicial espa\u00f1ol, que se encuentra pr\u00e1cticamente saturado, estos tr\u00e1mites pueden tardar varios meses. En el caso de los alquileres tur\u00edsticos o de corta duraci\u00f3n, cuando finalmente se dicta la orden, el inquilino en cuesti\u00f3n puede haber abandonado ya la vivienda, lo que obliga a reiniciar todo el proceso con el nuevo ocupante. Teniendo en cuenta que la mayor\u00eda de los alquileres en estas zonas son temporales, la efectividad de este tipo de embargo es bastante limitada.<\/p>\n\n\n\n
Incluso en los alquileres de larga duraci\u00f3n, muchos inquilinos responden al juzgado afirmando que no est\u00e1n pagando renta alguna, alegando que el propietario les ha dejado la vivienda en calidad de pr\u00e9stamo. Tambi\u00e9n pueden argumentar que, dado que los contratos de alquiler deben estar registrados en la Junta de Andaluc\u00eda y estar sujetos a tributaci\u00f3n, y ellos no han cumplido con estas formalidades, no existe un contrato de arrendamiento v\u00e1lido.<\/p>\n\n\n\n
En la pr\u00e1ctica, estos obst\u00e1culos hacen que el embargo de rentas sea poco viable en la mayor\u00eda de los casos.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, esto no significa que no existan alternativas. Una estrategia eficaz consiste en adoptar medidas que obliguen a los inquilinos a presionar a sus arrendadores para que regularicen su situaci\u00f3n con la comunidad. Esto se puede lograr mediante la aprobaci\u00f3n de una norma comunitaria que proh\u00edba el uso de determinadas instalaciones comunes, como la piscina, a los propietarios deudores y, por extensi\u00f3n, a sus inquilinos.<\/p>\n\n\n\n
Es frecuente que los inquilinos acudan a la administraci\u00f3n para solicitar el acceso a la piscina y se les informe de que no pueden hacer uso de ella porque el propietario de la vivienda tiene deudas con la comunidad. Se puede imaginar f\u00e1cilmente la frustraci\u00f3n de un inquilino que alquila un piso bajo la premisa de que su familia podr\u00e1 disfrutar de la piscina y, al llegar, descubre que esto no es posible.<\/p>\n\n\n\n
Como se ha comentado en art\u00edculos anteriores, ni el presidente de la comunidad ni el administrador pueden exigir el pago de las cuotas comunitarias mediante procedimientos ajenos a la v\u00eda legal. Acciones como cortar el suministro de agua, televisi\u00f3n o restringir el acceso a zonas comunes sin la debida autorizaci\u00f3n podr\u00edan constituir un delito penal.<\/p>\n\n\n\n
Por ello, cualquier restricci\u00f3n en el uso de las instalaciones comunitarias debe adoptarse legalmente por acuerdo de la comunidad. Es importante distinguir entre los elementos comunes esenciales, como los ascensores, cubiertas, redes de saneamiento y escaleras, y aquellos de car\u00e1cter recreativo, como piscinas o pistas de p\u00e1del.<\/p>\n\n\n\n
La comunidad puede aprobar un acuerdo en el que se establezca que determinados elementos no esenciales forman una subcomunidad independiente con su propio presupuesto. Esto implicar\u00eda que los propietarios deudores no tendr\u00edan derecho a utilizar la piscina, pero tampoco estar\u00edan obligados a contribuir a su mantenimiento. (No obstante, en la pr\u00e1ctica, esta exoneraci\u00f3n es irrelevante, ya que, paguen o no, su cuota seguir\u00e1 siendo asumida por el resto de propietarios.)<\/p>\n\n\n\n
Si un deudor quisiera impugnar esta decisi\u00f3n ante los tribunales, primero deber\u00eda saldar su deuda con la comunidad. Seg\u00fan el art\u00edculo 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), un propietario debe estar al corriente en el pago de sus cuotas para poder impugnar acuerdos comunitarios en sede judicial. Como se ha se\u00f1alado anteriormente, este tipo de acuerdo debe adoptarse siguiendo estrictamente la legalidad vigente. Por ello, es altamente recomendable que las comunidades cuenten con asesoramiento jur\u00eddico adecuado antes de restringir el acceso de los deudores y sus inquilinos a las instalaciones comunitarias. Sin embargo, una vez aprobado conforme a derecho, este mecanismo puede ser sumamente eficaz.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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