No cabe duda de que el comportamiento de los inquilinos supone un desafío importante en muchas comunidades de propietarios. Los propietarios a menudo se encuentran lidiando con personas desconocidas, que suelen ser inquilinos, familiares o amigos de otros propietarios.
Para mantener cierto control sobre quién accede a la comunidad y utiliza las instalaciones comunes, las comunidades intentan implementar diversas medidas. Sin embargo, no es raro que individuos sin ningún vínculo legítimo con la comunidad consigan acceso ilegal y hagan uso de las instalaciones compartidas, como la piscina.
Cada comunidad adopta sus propias estrategias para prevenir accesos no autorizados y supervisar la actividad de los alquileres dentro del complejo. Sin embargo, no existe una solución perfecta a menos que la comunidad cuente con normas específicas sobre este tema en sus estatutos y disponga de un recinto cerrado con personal de seguridad que controle cada acceso y supervise las actividades dentro de las instalaciones para garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias.
Desafortunadamente, muy pocas comunidades disponen de los recursos necesarios para aplicar tales medidas. Como resultado, la responsabilidad recae en el presidente, el administrador y, en algunos casos, incluso en el conserje o el jardinero, quienes deben gestionar la situación lo mejor posible.
Muchos propietarios solicitan que el presidente o el administrador exijan a los arrendadores que proporcionen copias de los contratos de alquiler o documentación que acredite que las personas que ocupan sus viviendas son familiares o amigos que no están pagando renta. Si bien el presidente o el administrador pueden solicitar estos documentos, es fundamental entender que los propietarios no tienen ninguna obligación legal de proporcionar a la comunidad ni una copia de su contrato privado de arrendamiento ni una declaración que certifique que sus invitados son familiares o amigos que no pagan alquiler.
Desde el punto de vista legal, la única acción que puede emprender la comunidad es intentar obtener información de la Junta de Andalucía sobre las viviendas registradas como apartamentos turísticos. Sin embargo, todavía no está claro cómo la Junta podría proporcionar esta información de manera eficiente. Además, aunque se obtuviera esta información, la comunidad no podría conocer quiénes son los inquilinos en un momento determinado.
Adicionalmente, si una propiedad no está registrada en la Junta de Andalucía pero sigue siendo alquilada a corto plazo y el propietario no informa voluntariamente a la comunidad, no se puede hacer nada legalmente para obtener esta información.
En muchos casos, los propietarios que exigen más control al presidente o al administrador terminan culpándolos por la falta de supervisión en la comunidad y el comportamiento de los inquilinos. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, no existe un mecanismo legal que obligue a los propietarios a revelar copias de sus contratos de alquiler.
Lamentablemente, la nueva ley aprobada por el Gobierno sobre apartamentos turísticos no resuelve los problemas reales que afectan a las comunidades de propietarios. Además de su deficiente redacción y falta de claridad, la normativa solo aborda cuestiones menores relacionadas con ciertos inquilinos, sin abordar el problema en su totalidad.
Como hemos explicado en artículos anteriores, esta nueva ley solo regula el uso de viviendas como apartamentos turísticos de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 28/2016 de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, estas normas solo afectan a los alquileres que se promocionan y publicitan a través de los canales turísticos tradicionales, como agencias de viajes o páginas web que permiten realizar reservas previas.
Sin embargo, los propietarios que captan inquilinos por otros medios no se ven afectados por esta regulación, lo que significa que los problemas relacionados con los inquilinos en las comunidades siguen sin estar regulados. Además, es importante recordar que, antes de la existencia de estas plataformas digitales de alquiler, las comunidades ya sufrían los mismos problemas con los inquilinos cada verano. Por lo tanto, la situación no ha cambiado, y una vez más, el Gobierno ha perdido la oportunidad de solucionar estos problemas en las comunidades de propietarios.
En este caso, no se puede culpar ni al presidente ni al administrador de la comunidad, ya que realmente la ley no permite tomar medidas efectivas para resolver el problema.