A la hora de analizar las cuentas de la comunidad, algunos propietarios están bastante sorprendidos de ver «Honorarios legales» en la columna de gastos y se preguntan por qué una comunidad debería pagar los honorarios legales.
Desafortunadamente para las comunidades, la justicia no es gratuita.
Las comunidades pueden entrar en conflicto con distintos empleados o proveedores de bienes y servicios, tales como empresas de jardinería o de mantenimiento.
Estas empresas puede que no hagan bien su trabajo, lo hagan con retraso, o se produzca cualquier otro tipo de incumplimiento del acuerdo o contrato entre las partes.
Por otra parte, las comunidades también pueden entrar en conflicto con sus propios vecinos, por impago de cuotas, incumplimiento de acuerdos comunitarios, impugnación de acuerdos, etc.
Estos problemas a menudo tienen que resolverse en los tribunales y esto requiere que la comunidad deba incurrir en determinados gastos.
Dependiendo del problema, el asunto se resolverá en una distinta jurisdicción: tribunales penales para casos penales; tribunales laborales por desacuerdos relacionados con el empleo; o los tribunales civiles para la amplia mayoría de los asuntos, tales como resolución de contrato con empresas suministradoras o proveedoras de servicios; reclamación de cantidad por indemnizaciones o impago de cuotas, etc.
Según la ley española, las personas físicas pueden tener derecho a contar con asistencia legal gratuita para su defensa ante los tribunales de justicia siempre que cumplan con determinadas condiciones, en cuyo caso, se le nombrará procurador y abogado que lo represente y defienda de forma gratuita.
Lamentablemente, las comunidades no disfrutan de los mismos privilegios. Cuando una comunidad necesita las habilidades de un abogado o un procurador para iniciar procedimientos legales o defenderse en una situación, la comunidad debe sufragar el coste de estos profesionales. Estos servicios profesionales que tiene que pagar la comunidad puede que los recupere en caso de que la sentencia condene a la parte contraria a su abono y se le pueda cobrar el importe.
Cuando la cuantía del procedimiento sea inferior a 2.000 Euros, no se puede recuperar de la parte contraria las costas de abogado y procurador salvo que el procedimiento sea de reclamación de cuotas impagadas y la comunidad gane el caso.
No obstante lo anterior, la Ley de Propiedad Horizontal dice que si una comunidad decide utilizar los servicios profesionales de abogado y procurador en un procedimiento de reclamación de cuotas impagadas por importe inferior a 2,000 euros, en cuyo caso la comunidad también puede reclamar sus gastos legales al deudor. La excepción es que si el deudor solicita y recibe asistencia legal, entonces se pierde la posibilidad de recuperar los gastos legales de la comunidad.
Dicho esto, nos encontramos con que la comunidad tiene que pagar abogado y procurador y sin embargo no siempre podrá recuperar el importe de estas costas, ya sea porque sea un procedimiento de menos de 2.000 Euros sobre asunto distinto a la reclamación de cuotas comunitarias; o bien porque el demandado sea insolvente; o tenga reconocido el derecho a la justicia gratuita; o no establezca el juzgado la condena en costas, etc.
Por otra parte, en los procedimientos suele haber otros gastos tales como publicaciones en boletines oficiales, honorarios de perito o traductores, etc.
Debe tenerse además en cuenta que nunca hay plena garantía de que la comunidad vaya a ganar el pleito. Muy por el contrario, podemos encontrarnos con la circunstancia de que el juzgado entienda que es la parte contraria quien lleva la razón y condene a la comunidad a pagarle sus costas de abogado y procurador, lo que supondría que la comunidad no sólo tendría que pagar sus propios gastos, sino los ajenos.
Tras este análisis, podrá comprobar el lector como la justicia no es, o al menos no hay garantía de que sea gratis para las comunidades.
Artículo publicado en la sección “Community Corner”, escrito por José Luis Navarro en el periódico Euroweekly news.