Sin lugar a dudas, la crisis a partir de 2007 condujo a un aumento de personas que no han podido hacer frente a los pagos de sus hipotecas o alquiler.
A menudo, las personas y las familias que ya atisbaban la perdida de sus hogares, comprobaban como eran muchas las viviendas que estaban vacías y su ocupación ilegal era la única manera que tenían de conseguir un nuevo hogar.
Se daba la circunstancia de que estas viviendas desocupadas pertenecían a los bancos y teniendo en cuenta que la constitución española apoya fundamentalmente el derecho de todos a disfrutar de una vivienda digna, este tipo de actos ilegales no solían ser muy perseguidos, hasta el punto en que, en cierta medida, se llegaron a considerar como socialmente aceptables. .
Desafortunadamente, la ocupación ilegal acabó convirtiéndose a veces en un suculento negocio en el que no todos los ocupantes ilegales eran realmente personas sin hogar y además no sólo se empezaron a ocupar viviendas de bancos, sino que también estos ocupantes ilegales decidieron irrumpir en propiedades privadas amuebladas que por ser viviendas de vacaciones, estaban vacías durante buena parte del año. Llegaron a darse casos en que la ocupación de estas viviendas de temporada no tenía por objeto satisfacer las necesidades de vivienda del okupa sino esperar a que los propietarios aparezcan y exigirles un precio para abandonar la vivienda, con la excusa de necesitar el dinero para encontrar una nueva vivienda.
El propietario al que se le exigía el pago para abandonar la vivienda tenía que valorar si le valía la pena abonar esta cantidad o iniciar un procedimiento judicial lento y costoso para poder recuperar su vivienda, por lo que solían acabar pagando la cantidad que se les exigía.
En otras situaciones, se ha venido dando la circunstancia de que determinados okupas no ocupaban las viviendas para sí, sino que una vez ocupadas las alquilaban a bajo coste a otras personas que no tenían el valor para ocupar por si mismos una vivienda de forma ilegal.
Estas nuevas «mafias ilegales» se han ido organizando y han desarrollado técnicas y trucos que les ha venido permitiendo seguir con su negocio, lo que ha motivado que la conciencia social haya mutado y ya no cuenten con el apoyo generalizado que hasta el momento han venido disfrutando.
No obstante lo anterior, aunque el derecho penal español (Código Penal 245.2) tiende a proteger a los propietarios y castigar a los ocupantes ilegales, no siempre este precepto penal es aplicable. De hecho, el 12 de noviembre de 2014, el Tribunal Supremo dictaminó que el delito penal sólo sería de aplicación en circunstancias especiales y, en todos los demás casos, las ocupaciones ilegales deben ser tratadas como si se tratase de una renta no pagada por un inquilino.
El gobierno español, consciente de esto, aprobó una nueva ley en junio de 2018 que intentó proteger a los propietarios de viviendas comunes de esta ilegal ocupación de su propiedad privada. Sin embargo, lamentablemente, la realidad es que la nueva ley resulta prácticamente inútil.
Por otra parte, debe quedar claro que serían los propietarios y no la comunidad los que cuentan con el derecho a emprender acciones legales.
Teóricamente, sobre el papel, los plazos legales de resolución del asunto conforme a la nueva ley nos genera grandes esperanzas ya que el tribunal debe asignar un tiempo relativamente corto para que el okupa proporcione evidencia de su derecho a habitar la propiedad. Si hay niños, ancianos o personas con necesidades especiales involucradas, el tribunal lo comunicará a los servicios sociales para buscar cualquier alojamiento alternativo necesario. Los ocupantes ilegales, una vez notificados, tienen cinco días para presentar la documentación que demuestre su ocupación legal de la propiedad y, de lo contrario, el tribunal debe ordenar su desalojo inmediato.
Sin embargo, teniendo en cuenta el grado de saturación en el que se encuentran nuestros tribunales, en realidad no acaba siendo un procedimiento rápido ni barato, en el que el propietario tiene que contar con abogado y procurador, pese a que estos gastos no los va a recuperar de los ocupantes ilegales.
Es por este motivo por el que lamentablemente, pese a la nueva ley, muchos propietarios prefieren todavía pagar a los ocupantes ilegales una cantidad que en modo alguno les corresponde ya que esto les suele salir más rápido y económico que seguir confiando en una justicia que parece que nunca suele ser plena, ni llegar a tiempo.
Artículo publicado en la sección “Communiy Corner”, escrito por José Luis Navarro en el periódico Euroweekly news.