QUÉ NO DEBE HACER UNA COMUNIDAD PARA AHORRAR DINERO

Hoy en día, todas las comunidades están tratando de ahorrar dinero en todas las obras y servicios que se necesitan hacer. A veces simplemente eligen entre diferentes posibilidades o compañías diferentes para obtener la más económica y con mayores garantías, pero es bastante frecuente ver cómo algunas comunidades ahorran dinero directamente de manera ilegal.

Dentro de estas ilegalidades, es común comprobar como hay comunidades que pagan un salario a los jardineros, limpiadoras y otros trabajadores sin contrato y sin pagar la seguridad social, lo que podría generar grandes problemas a la comunidad.

Si el trabajador tiene un accidente, la comunidad será la que pagará la indemnización, lo que podría suponer una enorme cantidad de dinero a abonar por todos los propietarios de la comunidad. La Seguridad Social no cubrirá nada y la comunidad tendrá que pagar por el tiempo que no esté trabajando, así como por los lesiones permanentes que el trabajador pudiera haber sufrido, o incluso tener que indemnizar a sus familiares suponiendo que muera

Además de estas indemnizaciones en caso de accidentes, el gobierno sancionará gravemente a la comunidad cuando detecte que tiene trabajando para la comunidad a algún trabajador sin contrato en regla y sin abonar las cuotas de la seguridad social.

El problema podría ser aún peor si la persona que trabaja en la comunidad es extranjera de un país no perteneciente a la UE, porque en algunos casos este tipo de trabajo ilegal en nombre de la comunidad podría incluso considerarse un delito penal en virtud del art. 312.2 de la Ley Penal de España, por lo que el presidente, el administrador o quien haya estado involucrado en este tipo de acuerdo ilegal tomado con el trabajador podría enfrentar una condena a prisión de 2 a 5 años.

Incluso cuando el trabajador es español o de un país de la UE, la comunidad podría estar involucrada en un delito penal cuando los trabajadores no están haciendo el trabajo con todas las medidas legales para evitar accidentes de acuerdo con las normas aprobadas por el Gobierno español («Prevención Riesgos Laborales «) como se establece en el art. 316 del Derecho Penal de España.

Es frecuente que algunos presidentes y administradores de comunidades muestren su satisfacción cuando reducen los gastos de la comunidad por la vía de contratar a los trabajadores de forma ilegal, pero no son conscientes de los riesgos que corren.

También es sorprendente comprobar cómo muchos propietarios de estas comunidades tienden a estar muy orgullosos de sus presidentes o administradores cuando ahorran mucho en obras y servicios, sin cuestionarse si este ahorro deriva de unas contrataciones ilegales que pueden salirle muy caras a la comunidad y consecuentemente a estos propietarios, sin perjuicio de la responsabilidad directa del presidente, el administrador o los que tomaron la decisión ilegal. Es muy aconsejable tomar consciencia de la situación de los trabajadores en la comunidad para evitar sorpresas desagradables que pueden resultar muy caras para el bolsillo de los propietarios.

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